La asociación DEPANA ha presentado un recurso de alzada a la Generalitat para suspender de forma cautelar las obras en la zona PAU 2 del Eixample Sud de El Prat de Llobregat hasta que se apruebe el Plan Especial de Protección del Delta. La destrucción de este espacio supondría daños irreparables para muchas especies que viven en el cada vez más fragmentado y degradado entorno natural del Delta del Llobregat.

DEPANA ha presentado un recurso de alzada a la Secretaría de la Agenda Urbana y Territorio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad para que suspenda cautelarmente cualquier plan urbanístico en la zona PAU 2 del Área Residencial Estratégica (ARE) del Eixample Sud del Prat de Llobregat, en el Delta del Llobregat.

Según ha comunicado esta entidad catalana para la defensa, el estudio y la conservación del patrimonio natural «la intención de DEPANA es conseguir que se detengan las obras de reparcelación del barrio residencial proyectado hace más de una década por la Generalitat y el Ayuntamiento de el Prat, al menos mientras se estudia la importancia de la zona para el conjunto de los ecosistemas del Delta del Llobregat y se aprueba el Plan Especial de Protección del Delta».

DEPANA ha informado en su comunicado que el sector del PAU 2 del ARE Eixample Sud en El Prat de Llobregat es un espacio incluido dentro del Área Importante para la Protección de las Aves y la Biodiversidad IBA 140, según la catalogación de la ONG SEO/BirdLife. Además, estos terrenos engloban tres hectáreas de alto valor ambiental que se encontraban incluidas en el Plan Especial del Parque Agrario hasta el año 2015, cuando, de manera irregular, quedaron excluidas por convertirse en suelo urbanizable.

Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

Asimismo, el PAU 2 del ARE Eixample Sud se encuentra muy cerca de entornos protegidos que conforman la Red Natura 2000. Sin embargo, la falta de documentación científica sobre los ecosistemas del Delta, reconocida por la propia Comisión Europea, pone de manifiesto la limitación de las actuales zonas protegidas, por lo que tan sólo la delimitación del inventario IBA 140 cumple con los criterios científicos necesarios de protección en aplicación de la Directiva de las AVES.

Ante este escenario, DEPANA «considera necesario que se detenga cualquier proyecto de urbanización de la zona y se proteja preventivamente el espacio hasta que no se amplíen las áreas ZEPA. Sin esta protección preventiva, la administración puede continuar degradando el entorno con la intención de evitar la protección final».

Una protección que no llega

DEPANA ha recordado en su comunicado que el Plan Especial de Protección del Delta del Llobregat es «un compromiso de la Generalitat desde hace más de 20 años y no ha llegado a materializarse nunca». Después de que la Comisión Europea (CE) abriera este febrero, a instancias de DEPANA y SEO/BirdLife, un expediente de infracción contra las administraciones por no proteger el Delta del Llobregat, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, se comprometió una vez más a aprobar el Plan Especial del Delta.

El expediente de infracción de la CE reconocía así que España no ha respetado las obligaciones en el Delta del Llobregat en materia de conservación de la naturaleza, contra la estrategia de la Unión Europea para la conservación de la biodiversidad, y le exigía que tomara medidas urgentes en su protección.

La CE reclama, entre otras medidas, que se incluya el cauce del río Llobregat que se desvió en 2004 dentro de las áreas ZEPA y que se elabore una nueva evaluación ambiental del ámbito ARE Eixample Sud. En sentido contrario pero, el Ayuntamiento del Prat de Llobregat y la Generalitat continúan defendiendo la urbanización del nuevo barrio.

El comunicado de DEPANA concluye explicando que la semana pasada, «la Generalitat hizo saber a DEPANA que no revisará ningún planteamiento urbanístico hasta que se apruebe la nueva delimitación de espacios naturales y no a la inversa». Aunque el aviso de la CE, las palabras de la Generalitat demuestran que la tónica sigue siendo la misma y que las declaraciones políticas de buenas intenciones no se corresponden con la realidad.