El próximo mes de diciembre cumplirá diez años la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA), que agrupa a diputados, senadores y exparlamentarios de las Cortes Generales de todos los colores. A lo largo de esta última década hemos visto cómo la protección de los animales ha ido abriéndose paso en el debate político, a remolque de una sociedad que, por supuesto, ha ido por delante en un respeto creciente a los animales. Hoy podemos afirmar que las reivindicaciones en relación con los animales se han incorporado a la agenda política de forma definitiva. Queda mucho por hacer, por supuesto. Muchísimo, incluso. Pero por fin parece que estamos avanzando en la buena dirección.

La presente legislatura de las Cortes Generales, con un gobierno en minoría y en la que los grupos parlamentarios están obligados a alcanzar acuerdos, ha abierto grandes expectativas para avanzar en la legislación en favor de los derechos de los animales. Basta con repasar algunos ejemplos que se han producido en el primer semestre de este año:

Por unanimidad el pasado 14 de febrero el Pleno del Congreso de los Diputados emplazó al Gobierno a reformar el Código Civil para que todos los animales sean considerados «seres vivos dotados de sensibilidad» (expresión con la que se traduce la de «seres sintientes» que emplea el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 13). Si bien la proposición no de ley de Ciudadanos se limitaba a pedir la inembargabilidad de los animales de compañía, las enmiendas de PSOE, Unidos Podemos, PDECat y Compromís —presentadas a propuesta de la APDDA— permitieron acordar finalmente una transacción de todos los grupos mucho más ambiciosa y, lo más importante, que fue aprobada por toda la cámara.

Por otra parte, el Gobierno español decidió llevar a las Cortes —con 30 años de retraso, eso sí— la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Animales de Compañía, de 1987, tal como había reclamado la APDDA en una moción aprobada por unanimidad en el Senado en abril de 2015. Inicialmente el Gobierno pretendió establecer una reserva para que la prohibición de la mutilación del rabo en los perros no fuera de aplicación en España, pero, gracias al trabajo de los miembros de nuestra Asociación, una amplia mayoría del Congreso rechazó dicha reserva, lo que disuadió al propio PP, que decidió retirar su enmienda en el Senado, a pesar de contar en la cámara alta con mayoría absoluta, con lo que el Convenio fue finalmente ratificado sin reservas el pasado 10 de mayo y por unanimidad.

Esa misma semana, el 11 de mayo, la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Congreso aprobó una proposición no de ley de Ciudadanos, enmendada por el PSOE y apoyada por Unidos Podemos y los grupos minoritarios (solo se abstuvo el PP), en la que se instaba al Gobierno a elaborar «una Ley marco relativa a la protección y tenencia de animales domésticos, acorde con la legislación comunitaria e internacional en la materia, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales y con respeto a la normativa dictada por estas Administraciones en el ejercicio de sus competencias», que contemplara una larga lista de exigencias: un banco de datos nacional de chips identificativos; control y supervisión a criadores y procedencia de animales en venta; prohibir animales en escaparates; concienciación contra el abandono y promoción de la adopción; prohibir el sacrificio de los animales abandonados; prohibir las mutilaciones de animales; prohibir el regalo de animales como recompensa o premio; un registro de infractores que constate la inhabilitación para la tenencia o actividad con animales; y baremar en concursos públicos de servicios de recogida y albergue de animales las mejoras en el trato y fomento de la adopción y actividades de formación y concienciación.

Recientemente, el pasado 26 de julio, la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Congreso aprobó por asentimiento una proposición promovida por la APDDA, a instancias de la Fundación Darwin, y firmada por todos los grupos parlamentarios para prohibir el comercio y tenencia de primates entre particulares, así como permitir la tenencia sólo a instituciones, centros de rescate, refugios u otras entidades expresamente autorizadas y legalmente reconocidas.

Tras la reforma del Código Penal de 2015, en la que, gracias a las enmiendas promovidas por la APDDA, se tipificó la explotación sexual de animales, parece que se va a abrir ahora una nueva oportunidad para continuar mejorando la persecución del maltrato animal. En este sentido, el PP ha presentado una proposición no de ley, pendiente de debatir en otoño, en la que reclama a su propio gobierno que reforme el Código Penal para endurecer la pena por maltrato animal en determinados casos, siguiendo la propuesta elaborada por el Colegio de Abogados de Málaga. Se propone un subtipo agravado del artículo 337 penado con un mínimo de tres años de cárcel, esto es, que implique efectivamente el ingreso en prisión, «para aquellos supuestos en los que el maltrato a los animales se ejecute de forma continuada en el tiempo, sobre un número elevado de animales ocasionando su muerte; así como aquellos supuestos en los que el delito se cometa por quien tiene la obligación legal o contractual de velar por el cuidado y el bienestar de los animales».

En apenas seis meses se ha hablado más de protección animal en las Cortes Generales que en toda nuestra historia. Sin duda, la defensa de los animales definitivamente se ha hecho un sitio en la agenda política. En estos momentos, todos los grupos del arco parlamentario compiten en presentar iniciativas y aceptan buscar acuerdos para avanzar en la agenda animalista. No peco de optimista si confío en que en esta legislatura puedan aprobarse sendas reformas del Código Civil y del Código Penal pensando en los animales. Y ojalá también se abra paso una ley marco de protección animal que eleve el nivel de protección en todas las comunidades autónomas. Me temo que otras cuestiones, como erradicar el maltrato animal de las fiestas populares o abolir la tauromaquia, nos llevarán algo más de tiempo. En todo caso, si conseguimos entre todos que vean la luz esas reformas legislativas sobre las que parece concitarse un acuerdo, habremos logrado que esta sea una legislatura histórica para quienes defendemos a los animales.

Chesús Yuste, coordinador APDDA