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La Fiscalía investiga a un centro de transfusión veterinario de Madrid por drenar sangre a los animales hasta matarlos

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Las asociaciones protectoras se han hecho cargo de los casi 300 animales rescatados de la finca donde se asesinaban animales para comerciar con su sangre y venderla a centros veterinarios.

El pasado 13 junio, en el operativo ELTON llevado a cabo por el Seprona, Fiscalía y Comunidad de Madrid, se rescataron cerca de 300 animales a los que se les sacaba sangre para comerciar a clínicas veterinarias para transfusiones a otros animales. La Guardia Civil liberó en la operación animales entre los que había perros, gatos y conejos.

Los agentes del Seprona registraron tanto la finca de Humanes (Madrid) como el laboratorio y encontraron decenas de animales en pésimas condiciones y centenares de bolsas de plasma listas para su distribución. El dueño de la empresa y otra persona fueron detenidos, pero han quedado en libertad a la espera de que prosigan las investigaciones.

Tras el rescate de los animales, se solicitó de manera urgente ayuda a las asociaciones protectoras colaboradoras de la Comunidad de Madrid que no dudaron en acudir a pesar del número de animales de los que tendrían que hacerse cargo, teniendo ya de por sí sus centros de adopción saturados.

Las asociaciones FAPAM, ALBA, ANAA, ACUNR, RIVANIMAL, SPAP, ANIMAL RESCUE, AXLA, APA ALCALÁ, PROA, LA VOZ ANIMAL y EL CICAM han colaborado trasladando a los animales a sus Centros de Adopción y casas de acogida, en su mayoría perros de raza galgo, pero también se encontraban gatos y conejos. Algunos de los animales han tenido que ser ingresados y siguen en estado crítico.

«Los animales se encontraban en pésimas condiciones higiénico-sanitarias»

Al inicio del operativo se encontraron varios animales gravemente heridos que tuvieron que ser trasladado de urgencia a clínicas veterinarias. Uno de los galgos falleció a las pocas horas ya que debido al hacinamiento y las pésimas condiciones, sufrió una grave agresión con heridas de muerte. Los animales se encontraban en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, en instalaciones de ganadería que no cumplían lo más mínimo las necesidades acordes a su especie, todos con heridas, algunas de consideración.

El querellado contaba con unas instalaciones en el municipio madrileño de Humanes donde tenía a los animales, fundamentalmente gatos y perros. Sobre todo tenía galgos jóvenes, al ser una raza donante universal, a los que sometía de forma reiterada mediante el uso de métodos prohibidos «a prácticas dolorosas y crueles». Ahí extraía a los animales gran parte o todo su volumen sanguíneo, «sin lograr reponerlo adecuadamente y hasta causarles la muerte con una punción perforante hacia la región del corazón».

El único propósito de este tipo de actividades era la «completa» extracción de sangre a los animales que era trasladada en neveras portátiles hasta el local donde se encuentra el laboratorio y, una vez allí, se preparaba la sangre extraída para su posterior venta, comercialización y distribución en las distintas clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid.

«Las asociaciones se personarán de manera conjunta como acusación particular»

Todas las asociaciones protectoras de animales se personarán de manera conjunta como acusación particular. Esperamos que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de este horror, cientos de animales desangrados hasta la muerte a lo largo de estos años.

El ministerio público calcula en su querella que el valor aproximado que alcanzarían en el mercado 400 mililitros de sangre de perro sería de unos 80 €, y la misma cantidad de gato, unos 85€. Por eso, es esencial que se realicen campañas de donación, como ocurre con los humanos, para que nadie por el camino haga negocio y se enriquezca con ello.

Para las asociaciones supone un gran esfuerzo a nivel económico el cuidado de estos animales, ya que no se reciben ayudas de la administración en casos así. Por eso, se necesita toda la ayuda posible y colaboración por parte de los particulares. Son animales que van a necesitar muchos cuidados veterinarios y, hasta que puedan ser adoptados, hay que mantenerlos de manera indefinida por estar en un proceso judicial.

La Fiscalía de Medioambiente denuncia ante el juzgado la muerte de dos osos

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La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha comunicado a FAPAS que ha llevado a cabo dos denuncias ante los juzgados de Cangas del Narcea y Grado por la aparición de dos osos muertos el pasado año, uno en la localidad de Moal y el otro en un camino en Somiedo.

Las denuncias de la Fiscalía ante los juzgados han sido motivadas por sendos informes que FAPAS (Fondo para la Protección de los Animales Salvajes) remitió a la Fiscalía del TSJ de Asturias en los meses de junio y julio del 2021, argumentando la necesidad de desarrollar procedimientos de investigación que determinasen si la muerte de estos osos pudiera haber estado vinculada con actos delictivos.

Después de las correspondientes diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía, el Fiscal ha presentado las denuncias correspondientes ante la apreciación de un presunto delito contra la protección de la fauna, previsto y penado en los artículos 334 y 336 del Código Penal.

El PAPAS lleva años denunciando que en muchos de los casos de aparición de osos muertos las administraciones tratan de ocultar las verdaderas causas, argumentando que los osos muertos fallecieron por causas naturales: depredación, peleas o despeñamientos, con lo que evitan iniciar procedimientos de investigación que pudieran identificar otras causas de la muerte de osos, especialmente si estas pudieran estar vinculadas con actos ilegales.

El caso más mediático que ha podido ser puesto al descubierto es el del oso Cachou, hallado muerto en los montes del Pirineo aranés, siendo inmediatamente considerada esta muerte por parte de las Administraciones del valle de Arán como un hecho producido a causa de una pelea entre osos.

La denuncia de FAPAS y de otras ONGs obligó a una severa investigación que puso al descubierto una trama mafiosa para matar osos en la que estaban involucrados responsables de la conservación de la especie.

Ahora, en Asturias se ponen en marcha dos procesos judiciales que darán pie a la posibilidad de salir de este círculo vicioso en el que se han instalado las administraciones de aquellos territorios donde hay osos y que hasta ahora han tratado de evitar por todos los medios, salvo muertes imposibles de camuflar, la aparición de osos muertos en caminos o lugares extraños fuese investigada con el máximo rigor técnico y científico, cuestión que, lamentablemente, no se ha dado a lo largo de los últimos años con los osos muertos localizados en las montañas cantábricas.

La Fiscalía del TSJ de Asturias investiga la presencia de lobos capturados en trampas

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FAPAS denunció ante la Fiscalía la aparición de lobos vivos con evidentes señales de haber caído en trampas de captura con posibles intereses científicos. Los animales consiguen sobrevivir pero quedan mutilados y en un deplorable estado de supervivencia.

Durante el año 2020 y el actual, las cámaras de FAPAS instaladas para el control de fauna salvaje, han podido identificar ejemplares de lobo que presentaban profundas heridas, así como la presencia de restos de trampas enganchadas al cuello de los animales.

La utilización de trampas ha sido históricamente una actividad llevada a cabo por cazadores furtivos para matar especies como el lobo, pero lo singular de la presencia de estos lobos con restos de trampas es que no mueren. Los restos de cables enganchados al cuello evidencian que se trata de modelos de trampas para capturar lobos vivos, ya que el sistema de captura lleva un mecanismo que impide que el lobo al quedar atrapado por el cuello muera estrangulado.

La Universidad de Oviedo lleva a cabo un programa de captura de lobos para colocar collares de seguimiento vía satélite. FAPAS ha podido contrastar que la presencia de estos lobos malheridos y con restos de trampas en el cuello, es coincidente en el territorio y en el tiempo con la ejecución del trabajo de investigación de la Universidad. Las cámaras de FAPAS han podido identificar lobos portando collares de seguimiento y lobos heridos en las mismas áreas, así como ejemplares coincidentes en una misma manada.

FAPAS ha solicitado a la Fiscalía de Asturias que investigue si hay relación entre estas situaciones, que se determine la autoría de las personas que han colocado trampas que causan estos daños a los lobos, ya que evidentemente son compatibles con los sistemas de captura en vivo para actividades científicas.

La utilización de trampas de captura en vivo para usos científicos está autorizada por el Gobierno de España, pero aquellas trampas que capturan lobos por el cuello no están permitidas en las zonas con presencia de osos, ya que si caen en una de ellas, la trampa con gran seguridad lo mataría al tener los osos un cuello más grueso que el de los lobos. Entonces el mecanismo que impide el cierre y el estrangulamiento no funcionaría.

FAPAS ha denunciado ante el servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) la desaparición de dos osas reproductoras en el interior del Parque Natural de las Ubiñas la Mesa. Estas osas utilizaban territorios en donde se ha efectuado el trampeo para capturar lobos por parte de la Universidad.

La Fiscalía teme un abandono masivo de perros cuando finalice el confinamiento

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La Fiscalía ha advertido de las numerosas adopciones de perros fraudulentas que se están produciendo para poder salir de casa durante el confinamiento.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha alertado a través de un escrito de las numerosas adopciones de perros que se están produciendo durante el estado de alarma en España. Son muchas las personas que están buscando la compañía de un animal para poder salir a pasear y escapar así del confinamiento. Ante esta situación, la Fiscalía teme que una vez finalizada la crisis del Covid-19 se produzca un proceso masivo de abandono de animales.

Antonio Vercher, fiscal de Medio Ambiente, ha pedido en el escrito a los fiscales delegados de Medio Ambiente y Urbanismo de las Fiscalías Provinciales que estén atentos ante esta situación y lo denuncien tal y como se establece en el artículo 337 del Código Penal. Diversos centros de adopción ya han reconocido que han dado en acogida a la totalidad de sus animales durante los días de confinamiento. Muchas de estas adopciones se habrían producido por vía telemática.

El fiscal de Medio Ambiente ha declarado en dicho escrito que “el problema reside en que se desconoce si esas adopciones o acogimientos obedecen a intereses realmente honestos por parte de los adoptantes o si son simplemente planteamientos espurios y destinados a tener una excusa, por parte de los nuevos titulares para poder salir a la calle”.

Antonio Vercher ha advertido que, tras las numerosas adopciones, “es previsible que pasado el estado de alarma se empiecen a producir abandonos de animales adoptados en este contexto. El abandono de animales, en condiciones en que pueda peligrar su vida e integridad, constituye un delito del artículo 337 bis del Código Penal. Es por ello por lo que interesa que se comunique el presente oficio a las entidades públicas o privadas con competencias en la materia, de manera que estén en condiciones de informar a la Fiscalía de la realización de tal tipo de abandonos, facilitándose con ello la aplicación del Código Penal”.

Para finalizar, el fiscal ha explicado en la nota escrita que siguiendo esta estrategia se permitirá “no sólo estar en condiciones de valorar lo ocurrido, sino también preparar futuras estrategias de repetirse alguna pandemia igual o similar, amén de poder ser utilizada de plantearse algún análisis comparativo con el resto de los países de la Unión Europea o de cualquier otro ámbito en el que pueda ser de interés su uso”.

El centro de animales Última Llar, denunciado por maltrato animal

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El fiscal ha presentado una denuncia en el juzgado de Reus acusando a la empresa Última Llar de irregularidades con el registro de entradas y salidas de los animales del centro. Además, los animalistas de Tarragona hace tiempo que acusan al centro de sacrificar a perros y gatos de manera injustificada.

Desde hace ya varios años son muchas las personas que han denunciado las irregularidades existentes en el trabajo de Última Llar, una empresa dedicada a diferentes servicios de los animales de compañía ubicada en la población de Riudoms, en Tarragona.

En el año 2012 un grupo de voluntarias del centro ya denunciaron las malas formas de trabajo por parte de Última Llar. Entre las denunciantes se encontraba Anna Carbonell, directora de la ONG animalista Nova Eucària y una de las caras visibles de la parte delatora. La solución inmediata por parte de la empresa ante estas acusaciones fue la de acabar con la plantilla de voluntariado y continuar su labor únicamente con los trabajadores propios.

Sin embargo, tras muchos años de lucha, las denuncias de Anna Carbonell y del resto de voluntarias han logrado su meta y un juzgado de Reus ha abierto diligencias previas a raíz de las continuas denuncias presentadas contra Última Llar.

En la acusación, la directora de Nova Eucària asegura que el registro de entradas, salidas y defunciones que tiene la empresa de animales no corresponde con la realidad. “No existe un registro oficial de entradas y salidas, no hay fichas de los animales ni documentos que recojan los datos de manera actualizada”, explica Anna Carbonell.

Después de trabajar en las instalaciones como voluntaria, Carbonell no duda en definir el centro: “Como un espacio de exterminio de perros y gatos perdidos y abandonados en Tarragona”. También describen que los animales se encuentran en una situación de salud muy precaria: “Cuando visitabas el centro podías ver a muchos animales en un estado de salud lamentable que no recibían ningún tipo de atención sanitaria, curiosamente esos animales después desaparecían sin que existiera un registro oficial de su defunción”.

Los denunciantes también aseguran que: “existen grandes discrepancias entre el número de ejemplares vivos por los que cobra la entidad y los que realmente hay”, además: “Según las entradas, tendría que haber unos 1.800 animales y suele haber unos 250”.

Además de las irregularidades ya mencionadas, los antiguos voluntarios también acusan a Última Llar de no cumplir con una periodicidad adecuada de las visitas veterinarias, así como de sacrificar una gran cantidad de animales de manera innecesaria. “Muchos de los perros vistos en las instalaciones de Riudoms desaparecían al día siguiente como por arte de magia”, confiesa la parte acusadora.

Mònica Pàmies, forma parte de la comisión animalista de la CUP en Reus y también ha visitado el centro en diversas ocasiones. Como Carbonell, denuncia que las malas prácticas del centro no son ninguna novedad: “Desde hace muchos años somos conscientes de la situación existente en Última Llar. El problema principal es la falta de transparencia por parte del ayuntamiento, del regidor de ecología y de la propia empresa. La opacidad en el trabajo de este lugar es muy significativa y delatadora”.

Desde Última Llar se niegan los hechos de los que se le acusan, de hecho, presentaron una querella contra Anna Carbonell por injurias. Por otro lado, desde Animalados nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Reus. Desde el consistorio han reconocido que han recibido quejas sobre la gestión de esta empresa, pero han preferido no hacer declaraciones.

El siguiente paso es que la jueza de instrucción archive o pase el caso a juicio. Con la intervención actual de la fiscalía y con las pruebas presentadas por parte de la parte denunciante, todo apunta a que el juicio finalmente se celebrará.

La triste realidad es que la situación actual que se vive en el centro de animales de Última Llar es uno de los tantos casos que se denuncian constantemente en Cataluña por parte de diferentes voluntarios. Se conocen otros centros de acogida de animales para dar en adopción donde los perros y gatos también se encuentran en una situación muy precaria, incluso sin ver la luz del sol y encerrados en jaulas. Sin duda se trata de uno de los temas más obsoletos dentro de la agenda política, una situación que requiere una regulación y una solución inmediata.

Publicación Tarragona Digital 2015