Todos los perros deben llevar chip. En Catalunya, sin embargo, hay dos tipos. Hasta hace cinco años todos los datos identificativos de perros, gatos y hurones estaban almacenadas en el AIAC (Archivo de Identificación de Animales de Compañía), propiedad del Consejo del Colegio de Veterinarios de Catalunya, pero desde hace cinco años la Generalitat ha puesto a disposición de sus dueños el único registro obligatorio por ley, gratuito y público, y que puede ser utilizado por los ayuntamientos como censo municipal. Esta nueva base de datos, el ANICOM (Animales de Compañía) permite el acceso a todos los veterinarios, protectoras, ayuntamientos y agentes de la autoridad y su uso no requiere ningún coste. Ya no es necesario recurrir a un veterinario para que lea el microchip y avise a los propietarios para que se pueden localizar desde las mismas asociaciones y administraciones. Pese a las ventajas de este registro, muchos veterinarios siguen registrando los animales al AIAC, donde el precio de la implantación tiene un coste muy superior al del ANICOM, que tiene un precio simbólico.

Las asociaciones animalistas lamentan que el mantenimiento de esta base de datos del Consejo impide que más perros lleven el chip por su elevado coste. Alba Jornet, secretaria de FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales), explica que «el microchip no tiene valor, lo que cuesta es darlo de alta, y si el veterinario le cuesta 25 euros, dobla el precio final para obtener beneficio». Jornet atribuye la coexistencia de dos registros que equipara a «una mutua ya la seguridad social» a los intereses económicos del Consejo: «El 80% de sus ingresos vienen de la identificación de los animales y no les interesa pasarse a la otra, por esto los veterinarios nos hacen boicot, no quieren que la base de datos públicas funcione y poniendo trabas «. Los grandes perjudicados son los animales perdidos porque según apunta la activista «la ANICOM la tenemos en red y cualquier persona puede tener acceso, mientras que en el AIAC, aparte de los veterinarios y cuerpos policiales y forestales, sólo lo pueden hacer los ayuntamientos que pagan cuota anual «. Sin este «boicot» Jornet considera que «la base de datos pública estaría plenamente consolidada porque ahora hay un 35% de perros identificados y ya un 4% de gatos gracias a la labor de las protectoras, en cualquier caso cuando bajas el precio, las implantaciones de los chips aumentan «. Actualmente hay casi 300.000 animales inscritos en el ANICOM, pero al AIAC cada año se registran unos 80.000 y se calcula que hay más de 900.000.

Ignacio Rodríguez, jefe del departamento de Protección de Animales de la Generalitat, señala que «las dos bases de datos tienen reconocimiento oficial y hay animales que están en el ANICOM, otros en el AIAC y cada vez más en las dos «. Esta dualidad que no se produce en ningún otro territorio del Estado, pero sí en otros países de Europa como Irlanda, conlleva sus problemas como reconoce el máximo responsable de la Generalitat en el ámbito de los animales de compañía: «Ahora cuando se pierde un perro hay que buscar en las dos bases de datos y debemos evitar que el policía, la protectora o el veterinario tenga que consultar ambos registros «. Rodríguez explica porque muchos veterinarios les siguen dando de alta en el AIAC cuando el registro obligatorio es el ANICOM: «Es obligatorio que los veterinarios comuniquen los datos de las identificaciones en el ANICOM los veinte días posteriores a la implantación del chip, pero eso no quiere decir que no puedan dar de alta los chips en el AIAC «. En cuanto al elevado precio de este registro, revela que «la normativa actual no permite imponer importes mínimos ni máximos y esto hace que cada centro veterinario cobre importes diferentes para la identificación de un animal».

Rodríguez no duda a la hora de afirmar que «la solución óptima sería que los datos se compartieran». Una solución que ya se puso en práctica los dos primeros años de funcionamiento de la ANICOM cuando la Generalitat firmó un convenio con el Consejo para que le cediera los datos del 2012 y del 2013. Este acuerdo obligaba el Consejo a compartir la base de datos con la administración, pero solo de los registros nuevos, no de los años anteriores. Un acuerdo que no se ha ratificado: «El convenio se terminó y no se ha renovado para que las dos partes no se han puesto de acuerdo». El jefe del departamento de Protección de Animales asegura que no sabe los motivos del desencuentro, pero apunta a «motivos estratégicos». La representante de FAADA se muestra muy crítica con la actitud del Consejo porque «nosotros evitamos abandonos, luchamos por el bienestar de los animales y ellos sólo piensan en su interés económico, en  no perder dinero». El Consejo, que factura alrededor de 1,8 millones de euros por el registro de animales con chip, ha declinado hacer declaraciones a este medio para dar su versión. Para que la administración tuviera acceso a los 900.000 animales bastaría con el permiso de los propietarios.