El pasado mes de agosto vivimos el desgarrador caso de maltrato animal sufrido por un perro en el municipio lanzaroteño de Teguise. El can, llamado Timple, murió tras ser amordazado y asfixiado por dos personas que, a pesar de la gravedad de los hechos, fueron condenadas a tan solo cuatro meses de cárcel y dieciséis meses de prohibición para la tenencia de animales.

La historia de Timple consiguió una gran repercusión mediática y conmovió de manera especial a los propios vecinos de Teguise. Decenas de habitantes del municipio canario, acompañados por asociaciones protectoras de Lanzarote, acogieron una emotiva despedida para el perro bajo el lema “Que su muerte no haya sido en vano y se consiga cambiar la Ley de Protección de los Animales”.

Lamentablemente, el espeluznante caso de Timple no corresponde a un suceso aislado de maltrato animal dentro de la sociedad española. La realidad es que existen numerosas historias en las que se ha producido un delito por maltrato, los culpables son condenados y el castigo ha sido excesivamente nimio. Desde Animalados hemos hablado con dos expertas en derecho animal para profundizar sobre este tema.

«Cada vez son más visibles los casos de maltrato animal»

Cristina Bécares ejerce como abogada especializada en Derecho Animal, Derecho de Familia y Derecho Penal. Ha participado en numerosos casos de maltrato animal, algunos de ellos muy relevantes como el asesinato de Benito, un perro de Bilbao que murió estrangulado y pisoteado a los cinco meses de ser adoptado. Cristina tiene muy claro que “la historia de Timple ha sido terrible y la condena impuesta a los responsables ha sido mínima”, eso sí, considera que “este caso ha servido para dar visibilidad a la realidad que se vive en los juzgados”.

Para la abogada catalana, unos de los principales problemas es que “en muchos casos de maltrato, la voz del animal queda únicamente defendida por parte del Ministerio Fiscal”, algo que sucede debido a que “en este tipo de episodios con animales, normalmente no hay una acusación particular o popular y, consecuentemente, el único que pedirá pruebas y acusará será el propio Ministerio Fiscal”.

Sobre la condena impuesta a Timple, Bécares afirma que “corresponde con lo que prevé la legislación actual”, ahora bien, “no hace ni mucho menos justicia a los hechos cometidos por los condenados”. Para la experta en derecho animal, «el castigo podría haber sido superior en el caso que hubiera intervenido alguna acusación más allá del Ministerio Fiscal, pudiendo pedir la práctica de más pruebas y acusando por penas superiores”.

Cristina comenta que “la historia de Timple no es un caso aislado”, al contrario, “cada vez son más visibles los casos de maltrato animal y tienen más presencia en los juzgados que años atrás. Durante el año 2019 se incoaron 1090 procedimientos judiciales por delitos de maltrato animal en todo el Estado, algunos están a la espera de sentencia y otros, como ha pasado con Timple, se resolvieron con juicio rápido”.

La licenciada en derecho explica que «desde la Asociación DAP (Defensa Animal Profesional), una asociación formada por abogados y profesionales creada en 2017, se están personando en procedimientos judiciales relacionados con delitos de maltrato animal”. El objetivo principal de esta acción es “poder pedir medios de prueba para conseguir acusar pidiendo las máximas penas de prisión, evitando así el archivo de los casos o situaciones como las de Teguise”.

Bécares considera que el único problema no es que las sentencias por maltrato animal sean flojas, sino que “el marco legal que tenemos actualmente, prevé penas de prisión entre 3 meses y un día en un prisión en el tipo básico, y en el peor de los casos de entre 6 y 18 meses en casos de resultado de muerte, como pasó con Timple. Este hecho, junto a la falta de acusaciones más allá de la Fiscalía, provoca que en muchas ocasiones encontremos sentencias mínimas o absoluciones”.

Finalmente, Cristina Bécares nos dice que “hace falta modificar nuevamente el Código Penal para que haya un endurecimiento real de las penas por maltrato animal”. A la vez, considera que actualmente “existen propuestas interesantes como la presentada desde INTERCIDS, para promover la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de manera que siempre que haya un caso de maltrato animal en la vía penal, se active la designación de un abogado del turno de oficio para defender los intereses del animal-víctima”.

“Los delitos por maltrato animal están penados a la baja»

Anna Estarán es Abogada Especialista en Derecho Animal y Coordinadora del Área Legal de la Fundación FAADA. Para ella el caso de Timple “no es único, pero ha tenido más repercusión mediática”, un hecho que considera “necesario para visibilizar estos casos de gran crueldad que por desgracia nos estamos encontrando diariamente”. Sobre la condena Anna comenta que “fue una conformidad con la fiscalía porque no había acusaciones personadas y, por tanto, se negoció una pena baja. Bajo mi punto de vista, el castigo fue muy flojo teniendo en cuenta la crueldad de los hechos”.

Estarán dice que “por desgracia los casos de maltrato animal son habituales y cada día nos llegan casos de animales en los balcones, maltrato por omisión que consisten en no dar agua, comida o atención veterinaria, agresiones físicas… Recientemente nos hemos personado en un procedimiento como acusación popular, en el que el propietario de un perro, junto a otra persona, lo torturó hasta matarlo y lo grabaron en un video”.

Desde el punto de vista de la Coordinadora del Área Legal de FADDA, “los delitos por maltrato animal están penados a la baja. Para empezar, el Código Penal recoge el maltrato “injustificado” a un animal, la cual cosa ya demuestra un error de base, ya que no hay maltrato justificado. No se le da la debida importancia a este tipo de delitos, esto es a causa de la consideración que se tiene de los animales en la sociedad, donde se les ha utilizado como simples objetos. Sin ir más lejos, los animales de granja son sistemáticamente torturados y usados para alimentar”.

Sobre la posibilidad de un endurecimiento de las penas por maltrato, Anna afirma que “actualmente la sociedad es más empática con los animales y reclama derechos para ellos. Esto provocará que los estamentos políticos busquen dar respuesta a la necesidad de la población y se acabe reformando el Código Penal”.

Para acabar, Anna considera que la creación de la Dirección General de Derechos de los Animales “es un gran paso, pero a nivel práctico ve complicado que pueda llevar a cabo todo lo necesario para una mejor situación de los animales. Es una dirección que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero poco tiene que ver con animales y no dispone de personal funcionario”.

A pesar de ello, Anna Estarán confía en la palabra del director Sergio García, quien se comprometió públicamente a cambiar el estado jurídico de los animales. La abogada cree que “es urgente la aprobación de una Ley Marco de Protección Animal, una Ley de Tenencia de Perros, como en Italia, eliminar la ley de los perros considerados potencialmente peligrosos y una modificación del Código Penal que incluya, entre otros, los animales que viven en libertad, el aumento de penas de cárcel y perfilar cuestiones de la redacción actual que no se tuvieron en cuenta a nivel práctico”.