Antes de hablar de la historia del animalismo en España y Cataluña, hay que hacer una breve mención de su trayectoria en Europa y Occidente, donde toma una destacada importancia durante segunda mitad del siglo XIX cuando surgieron las primeras e incipientes leyes de protección de los animales, para exigir un reconocimiento legal de sus derechos como seres vivos ante el maltrato y crueldad con la que los humanos trataban a los animales.

Inglaterra fue pionera en 1822, de la primera ley que se pronunció, siendo su promotor un miembro del parlamento británico, Richard Martin. En 1866, en Estados Unidos, Henry Berg conseguía la aprobación en la legislación americana, de que el maltrato de los animales domésticos fuera contemplado como delito. Posteriormente otros países, fueron introduciendo cambios en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

A mediados del siglo XX, el animalismo coge impulso despertando el interés de un amplio sector de la ciudadanía. Surgen las entidades animalistas dedicando esfuerzos a reivindicar y mejorar el bienestar de los animales en general, y se empieza a reflejar un cambio hacia el respeto que se merecen como seres vivos. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en 1978 significó otro paso importante.

En España este movimiento social se inició con mucho más retraso. Sus antecedentes históricos influidos por Fernando VII, monarca absolutista y enemigo del movimiento cultural europeo de la Ilustración (XVIII), por la guerra civil y por una dictadura que limitar la libertad de expresión y del asociacionismo, retrasaron negativamente su evolución moral quedando la sociedad española, distanciada de muchos de los avances que había experimentado la sociedad occidental.

La tradición cultural, la tauromaquia y el maltrato de los animales en las fiestas populares, que aún permanecen en la actualidad, bajo la tolerancia y protección del ámbito político e institucional, también han influido en contra de cualquier progreso a favor de los animales.

Dentro de este ambiente cultural tan desfavorable, a finales del siglo XIX y principios del XX, en España y Cataluña se desarrollaron movimientos abolicionistas de las corridas de toros, por parte del sector más ilustrado y de la ciudadanía, presentando una propuesta de proposición de ley, por su abolición en el Congreso. Los acontecimientos de la guerra civil española truncó su continuidad durante muchos más años.

En 1925 los refugios de animales abandonados fueron reconocidos como sociedades protectoras de animales y de utilidad pública con la creación de los Patronatos para la protección de los animales y plantas, en 1928. A pesar de haberse constituido reglamentariamente, no se llegó consolidar su funcionamiento a nivel nacional. En 1950 se fundó la Federación Española de Sociedades Protectoras de Animales y Plantas -FESPAP, agrupando los únicos 10 refugios existentes en todo el estado. Su presidenta Dolores Marsans, destacó como proteccionista y defensora de los animales. Hermanada con otras entidades europeas reivindicó que los mataderos incorporaran el aturdimiento previo en el momento del sacrificio, los animales destinados al consumo humano. También participó activamente con la asociación fundada por el Conde de Bailén (Carlos Arcos) que pedía la abolición del Toro de la Vega, tras que el Noticiario «NO-DO» divulgara unas imágenes que evidenciaban la tortura y el sufrimiento de la animal, provocando el rechazo de muchas personas.

En el año 1976, iniciada ya la etapa democrática, se funda en España, concretamente en Mataró, Ong ADDA -Asociación Defensa Derechos Animales, impulsada por un ferroviario a través de su llamada en la prensa. En aquellos momentos el concepto de defensa de los derechos de los animales resultaba pionero y desconocido para una sociedad acostumbrada a identificar la protección de los animales nos los refugios y en la acogida de perros y gatos.

Uno de los primeros objetivos de los miembros de la entidad, era conseguir una primera ley de protección de los animales, dado el vacío legal existente, que contemplara y regulara su defensa. También se pedía la tipificación de los actos crueles con los animales como delito en el código penal.
Después de años de insistencia, finalmente en 1988 era aprobada en Cataluña la primera ley de protección de los animales. Este hecho significó el punto de partida para que el resto de comunidades autónomas, redactaran sus propias leyes de protección. En el ámbito estatal esta «ley marco todavía se está esperando». Sin embargo en la década de los 80 aparecieron otras entidades tanto a nivel nacional como autonómico.

La ley catalana del 88, que permitía el sacrificio de los animales abandonados, se demostró insuficiente y muy poco eficaz. Los abandonos y sacrificios iban creciendo en vez de disminuir, dada la falta de interés y apatía de los encargados en su desempeño. Algunos hechos muy lamentables espolearon a las entidades, como ADDA, CAAN y otros miembros de FEDAN, a solicitar una nueva ley mucho más avanzada que prohibiera su sacrificio. Finalmente en 2003 el Parlamento de Cataluña aprobó esta nueva ley, prohibiendo el sacrificio de animales abandonados en los centros de acogida, y el reconocimiento como seres sensibles psíquica y físicamente.
A nivel nacional a finales de 2003 se funda el PACMA, Partido Animalista Contra el Maltrato Animal. Las fiestas populares con el maltrato y la tauromaquia han sido una de las luchas constantes de las entidades. Ante la celebración del Fórum de las Culturas (2004) ADDA vio la oportunidad de iniciar una campaña para que Barcelona se declarara «Ciudad Antitaurina». Con la entrega de 245.000 firmas de ciudadanos, recogidas a pie de calle, se consiguió que el Ayuntamiento de Barcelona hiciera una votación favorable. Tossa de Mar (Girona) en 1989, ya se había declarado ciudad antitaurina.

Este importante hecho, desencadenó diferentes eventos. En 2004, ADDA entregaba al entonces presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach, 453.000 firmas para sol • licitar la supresión de las corridas de toros. Después de una ILP (Iniciativa Popular Ciudadana) con el apoyo de 180.169 firmas, finalmente en 2010, el Parlamento de Cataluña aprobaba la prohibición las corridas de toros. La ley entró en vigor en 2012. La Ley Canaria de Protección Animal, ya había prohibido las corridas en su territorio, en 1991. Actualmente campañas toda España promovidas por diversas entidades están consiguiendo avances importantes contra los espectáculos taurinos.
Barcelona también ha sido una ciudad referente en la consecución de progresos favorables, después de la creación en 1997 del Consejo Municipal para la Convivencia, Defensa y Protección de los Animales, siendo ADDA una de las entidades impulsoras.

El movimiento animalista es creciente y más consolidado cada día. Se ha conseguido que muchas ciudades del estado se declaren «libres de circos con animales». Los zoos cada vez se encuentran más cuestionados y se continúa luchando para concienciar y reducir el sufrimiento animal en la experimentación, cría intensiva, peletería, caza y captura, etc.
La empatía y la compasión hacia todos los seres vivos, es el camino para ir avanzando hacia una sociedad más justa y con una convivencia más equilibrada y cívica con el resto de los animales.

ONG ADDA

*Fondo documental de la revista “ADDA, Defiende los animales”, i del libro “Tauromaquia, el mal cultural” (Carme Méndez).