La Guardia Civil rescata varios animales protegidos como dos cocodrilos del Nilo o una pitón de Birmania, entre otros muchos animales amenazados.

El Seprona de la Guardia Civil rescató durante el pasado año en la provincia de Alicante numerosos ejemplares de animales protegidos por el Convenio CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Entre los animales intervenidos por los agentes se encuentran dos cocodrilos del Nilo, una tortuga de espolones africana de 15 kg y una pitón de Birmania de 2 metros.

En el caso de los cocodrilos del Nilo, de aproximadamente dos metros de longitud cada uno, fueron recogidos por los agentes el pasado mes de agosto en una finca particular situada en la Partida El Moralet de Alicante. La actuación de la Guardia Civil tuvo lugar gracias a la colaboración de las administraciones del Estado, ya que el propietario no poseía ni el certificado de importación requerido ni el de cría en cautividad.

En otras dos actuaciones llevadas a cabo en el mes de octubre, se rescataron un loro barranquero y una cotorra venezolana colirroja. Estos dos rescates se produjeron como consecuencia del aviso de los ciudadanos, que alertaron que los animales se hallaban sueltos en la vía pública.

Asimismo, a finales del año 2023 se localizó una pitón de Birmania de dos metros de longitud, en pleno casco urbano de Alicante. La última intervención de la Guardia Civil fue una tortuga de espolones africana de 25 kg de peso, que había sido abandonada en la Sierra de Oltà, en Calpe.

Sanciones de hasta 6.000 euros por un delito contra la fauna silvestre

Los animales rescatados por los agentes del Seprona fueron trasladados a distintos centros de recuperación, rescate, albergues y parques de animales terrestres o marinos, que cuentan con las instalaciones adecuadas y dónde especialistas evaluarán su estado de salud y les proporcionarán el tratamiento adecuado para su recuperación, además del alimento, espacio y cuidado necesarios para una calidad de vida óptima.

Por estas actuaciones, la Guardia Civil abrió una investigación para localizar a los propietarios e iniciar un expediente como posibles responsables de una infracción a la Ley de Represión del Contrabando. De no acreditar su legítima procedencia o en su caso, de los permisos para llevar a cabo la cría en cautividad, los responsables se enfrentan a sanciones administrativas que podrían ascender hasta 6.000 euros, o incluso, la posibilidad de incurrir en un delito relativo a la protección de la flora y fauna silvestres.