Un vecino del barrio de As Cancelas, en Santiago de Compostela, está siendo investigado por cometer abusos sexuales sobre una perra de raza bóxer. El denunciante ha confesado que el animal padecía infecciones vaginales de manera reiterada, pero no ha sido hasta ahora que han determinado el más que posible origen de la enfermedad.

Según ha informado la Voz de Galicia, la Policía Nacional de Santiago está trabajando en la investigación de un caso de maltrato animal que han calificado como “vomitivo”. La denuncia la ha presentado un vecino de Santiago que asegura que su perra ha sido violada en reiteradas ocasiones causándole así gravísimas infecciones vaginales.

El afectado ha explicado que ante las graves infecciones de vagina, el animal recibió una exhaustiva investigación médica con la que se llegó a la conclusión de que se estaba abusando sexualmente de la bóxer. Según consta en la denuncia presentada ante la comisaría, el maltrato se produjo por: “introducir la mano en la vagina de la perra de manera reiterada”, aunque la investigación no descarta la posibilidad de que también se pudiese haber introducido alguna otra cosa.

El propio medio gallego detalla que el dueño de la perra ha entregado a la Policía Nacional de Santiago, además del informe del veterinario, un CD con imágenes que demuestran la culpabilidad de los hechos de un vecino suyo. El denunciante podría haber grabado alguna de las escenas abusivas que habrían ocurrido entre el 1 de julio de 2018 y el 28 de marzo de 2019.

Hay que recordar que el Código Penal español condena el maltrato animal básico con penas de cárcel de entre tres meses y un año para aquellas personas que: “por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual”.

La Fundación Franz Weber y la Asociación Animalista Libera han señalado que actualmente: “no existe ninguna persona sin antecedentes penales que esté en prisión por casos de zoofilia”, motivo por el cual los grupos animalistas reclaman un “endurecimiento de la normativa” para “evitar la repetición de episodios de explotación sexual animal”.