Animalados ha hablado con una persona de la comarca del Ripollés, en Catalunya, que ha sufrido de manera reiterada ataques y abusos por parte del colectivo de la caza. A pesar de comunicar estos conflictos a las autoridades, la persona afectada continua sin encontrar una solución y quiere compartir a través de este medio de comunicación la libertad de actuación e impunidad total que tienen los cazadores en su territorio.

La víctima de estos episodios, que ha pedido conservar su identidad ante posibles represalias, proviene de una familia de campesinos de un municipio de la comarca catalana del Ripollés. Esta persona pertenece a una familia ecologista y animalista, realidad que considera que “nunca han entendido los vecinos y motivo por el cual desde siempre han tenido muchos problemas con los cazadores de su municipio”.

El municipio en el que vive y tiene sus tierras la persona afectada es uno de los más grandes de Cataluña en extensión territorial y es prácticamente 100% de propiedad privada. Por tanto, la posibilidad de cazar dentro de estas tierras depende de la decisión particular de los propietarios de estas. La víctima, que tiene ganado diverso en sus terrenos, siempre se ha mostrado absolutamente en contra de que el grupo de cazadores de la zona pueda acceder a realizar la actividad cinegética en su propiedad, quedando así prohibida.

A pesar de tener vetado el acceso, esta persona declara que desde siempre ha tenido conflictos graves con los cazadores de su municipio con “entradas sin permiso en sus tierras, persecución al ganado con la consecuente pérdida y muerte de alguna cabeza de ganado, faltas de respeto a su persona, amenazas, etc.”. Episodios que ha compartido con los Mossos d’Esquadra y con los Agentes Rurales y que, sin embargo, según indica, nunca han tenido una respuesta sancionadora o solución por parte de las autoridades.

La persona afectada comparte también que el ayuntamiento de su municipio está al día de estos lamentables episodios que ha tenido que vivir. Sin embargo, asegura que el consistorio “nunca se ha querido implicar en este tema, alegando que es una cuestión privada”. Una vez más, las autoridades han preferido lavarse las manos y hacer oídos sordos ante una realidad que parece que no les interesa.

La caza en coto privado, como ya hemos dicho, depende de la autorización de los propietarios para poder acceder a sus tierras. La víctima asegura que ni su persona ni sus antepasados “nunca firmaron ningún documento concediendo el beneplácito de efectuar la caza dentro de su propiedad. Ni siquiera con un trato de palabra”, una fórmula de acuerdo usada antiguamente y que se mantiene vigente en algunas zonas rurales de Cataluña.

Esta persona explica que, en algunos municipios cercanos al suyo, «los cazadores ejercen de manera altruista porque no tiene ninguna compensación económica o eso dicen”. Sin embargo, en su población los cazadores pagan una cantidad anual concreta por hectárea de tierra a su propietario. “Cada cierto tiempo, los cazadores dan un sobre con dinero a los propietarios de las tierras para poder acceder y cazar”. Un acuerdo que, tal y como ha especificado, nunca se ha producido en su caso particular.

La conclusión que saca esta persona tras su experiencia con los cazadores es que se trata de un colectivo “corrupto, con malas prácticas, con dinero negro de por medio, con economía sumergida, etc. Y, sobre todo, con el consentimiento de las autoridades, quienes no actúan y dan vía libre a las malas praxis por parte de este conjunto”.

Tristemente, la experiencia de esta persona del Ripollés no es más que un ejemplo de muchas otras que sufren de manera constante los abusos y las actitudes de un colectivo que tiene carta blanca para hacer y deshacer con total impunidad. No podemos olvidar tampoco el maltrato animal sistemático procedente de los cazadores, quienes son responsables de gran parte del abandono de perros año tras año en España.