Las asociaciones animalistas han reaccionado de manera virulenta ante la decisión del Tribunal Constitucional de anular la ley del Parlament de 2010 que prohibía las corridas de toros en Catalunya al considerar que la cámara tiene competencias para regular este tipos de espectáculos pero no para prohibirlos, según ha avanzado hoy La Vanguardia. Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis, considera que la decisión adoptada por el alto tribunal es “un insulto a los catalanes y a la participación ciudadana” en alusión a que la prohibición de la corridas en Catalunya surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que prosperó en el Parlament. La activista por los derechos de los animales revela que “tenemos preparadas diferentes propuestas para que no vuelvan las corridas a Catalunya que consistiran en modificar el reglamento taurino para que sean inviables”. Una de ellas, aunque suene a broma, es que “los toreros tengan que salir a la plaza desnudos”. El gobierno catalán ya anunció ayer martes que no acataría la sentencia del TC y reiteró que no se tolerará “la muerte y maltrato de animales”, según indicó la portavoz del ejecutivo Neus Munté. Gascón está convencida que el gobierno catalán desobedecerá la decisión del TC, que podría ser anunciada mañana jueves al término de la reunión de los magistrados: “Confiamos que la Generalitat utilizará las herramientas jurídicas a su alcance para evitar las corridas de toros en Catalunya” donde están prohibidas desde el 2011 tras una apretada votación en el Parlament en julio del 2010, que acabó con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones.

Carme López, presidenta de ADDA, que lideró la lucha antitaurina en Barcelona recogiendo més de 200.00 firmas en el año 2004, también se muestra esperanzada que el gobierno catalán no acatará la sentencia: “Creo sinceramente que las corridas no volverán porque ya han advertido que no piensan permitir que se torture a los animales en un espectáculo público”. López añade otro factor que puede ser clave en la determinación de las instituciones catalanas de no someterse a la sentencia del alto tribunal. “Las ordenanzas de Barcelona prohiben las corridas como ciudad antitaurina que es y el Ayuntamiento goza de la potestad de decidir qué espectáculos se pueden celebrar y cuáles no”. Pese a ello, la màxima responsable de ADDA muestra su indignación ante la sentencia: “Es increïble, es una bofetada a un proceso democrático impecable, es una humilación a la voluntad de los ciudadanos, un ataque a la ética, al respeto hacia los animales y a la democracia”. En este sentido, e pregunta: “¿Para qué sirven entonces las ILP’s o el Parlament?” La presidenta de ADDA no tienen ningua duda que la anulación de prohibir las corridas obedece a una cuestión política: “Canarias prohibió hace años, en 1991, las corridas siendo la primera comunidad autonómica en dar el paso y en cambio nunca se ha impugnado la decisión, por qué se impugna entonces ahora en Catalunya?”. Asimismo, López recuerda que “el PP en Castilla-La Mancha ha apoyado que no se torture el toro de Tordesillas, hecho que demuestra que todo se politiza según sus intereses, pese a que el debate no tendría que ser político, sino ético”.

Los magistrados del TC han aprobado anular la prohibición tras escuchar la ponencia presentada por la magistrada Encarna Roca, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona, que argumenta la falta de competencias del Parlament al considerar que la cámara catalana las tiene para regular estos espectáculos pero no para prohibirlos. Otra de las consideracions legales a las que se han aferrado los jueces es el  “blindaje” de los toros aprobado por Las Cortes en noviembre del 2013 que reconoce las corridas como un “patrimonio cultural”, siguiendo el ejemplo de Francia que ya lo hizo en el 2011, y que fue la respuesta del Congreso de los Diputados a la prohibición d ela tauromaquia en Catalunya. Otros argumentos jurídicos esgrimidos por el TC son la libertad de empresa, la tradición cultural de los toros y la protección constitucional a las llamadas “minorías culturales”, salvo cuando se trata de prácticas que atentan contra la “dignidad humana” como sucede con la ablación.